Trabajo y género: México en pro de la protección de las jornaleras migrantes que alimentan al país
Son las 5 de la mañana y Ceferina, jornalera agrícola migrante de 30 años de edad, comienza su día en el municipio de Autlán en el sur de Jalisco, México. Ella junto con su familia vive en un albergue al que han accedido por trabajar en los cultivos de hortalizas y caña; ahí comparten parte de sus días, con muchas más familias jornaleras provenientes de diferentes partes del país, principalmente del sur de México.
Para Ceferina las labores inician despertando a sus tres hijas y a su hijo, les alista para ir a la escuela — en la actualidad debido a la pandemia esto se ha convertido en un reto más. Al tiempo que ella prepara el desayuno; también cocina la comida que llevará al campo. Como cada día, además de sus tareas de cuidados se alista para el trabajo, busca su sombrero para cubrirse del sol, lleva un pañuelo para limpiarse el sudor y que le sirve como cubrebocas para protegerse del polvo.
Ella junto con otras casi 30 mil mujeres en Jalisco se dedican al trabajo agrícola en la producción de alimentos— en las actividades de siembra, cosecha y empacando frutas y hortalizas para que lleguen hasta las mesas de miles de familias del país y del extranjero.
Pocas prestaciones legales para las mujeres
Las jornaleras agrícolas migran de sus lugares de origen en busca de oportunidades laborales. Sin embargo, al arribar a las zonas de cultivos la falta de formalidad laboral les impide que puedan tener una vida decente y de calidad con servicios básicos necesarios. Para ellas, acceder a contratos laborales, salarios justos, servicios de salud, guarderías para sus hijas e hijos, pensiones, licencias de maternidad, vacaciones pagadas, aguinaldo, entre otras prestaciones de ley son aún derechos que no logran ejercer.
Tan solo el 3% de la población jornalera agrícola en México cuenta con un contrato escrito y el 91% no cuenta con ninguna prestación proveniente de su trabajo, indican las estadísticas gubernamentales.
La brecha de género es enorme. En México de cada 10 jornaleras agrícolas tan solo 3 reciben una remuneración económica por su trabajo, de acuerdo con la encuesta intercensal del Gobierno, correspondiente al año 2015. Este sueldo llega a ser hasta una tercera parte menor que el de los hombres jornaleros, aun cuando las mujeres trabajan el mismo número de horas.
Las jornaleras agrícolas, además de trabajar en el campo, como muchas otras mujeres en otros sectores, son encargadas de los cuidados de la familia y el hogar, realizando dobles y triples jornadas de trabajo no remunerado. Los descansos no dependen de ellas, están en función del cultivo en el que estén trabajando, por ejemplo, en el período de zafra (cosecha de caña) se trabaja hasta los domingos. Ellas no tienen descanso.
Para una familia en donde el trabajo agrícola es su fuente de ingresos, tener alimentos debería ser algo accesible. Sin embargo, para Ceferina y su familia lo único que tienen garantizado son los sobrantes de la cosecha, los demás alimentos deben comprarse, pero con los bajos sueldos percibidos no alcanza, la nutrición de ella y de su familia se ve afectada.
La informalidad que existe en el campo no solo repercute en los salarios injustos, sino traspasa a otras esferas como la educación y la salud; dado que existen escasos contratos formales, el acceso a la seguridad social es mínima. Solo algunos trabajadores son dados de alta en el sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero solo podrán hacer uso durante la época de cultivo de zafra, una vez concluida son dados de baja, aun cuando continúen realizando otras tareas en los mismos campos de cultivo. Enfermarse representa tener que acudir a hospitales particulares o farmacias que cuenten con el servicio de consulta. Enfermarse merma sus ya escasos recursos económicos.
Cerrar las brechas, para que las mujeres no se vean perjudicadas
Dadas las vulnerabilidades a la que se enfrentan las jornaleras, el sistema de Naciones Unidas promueve la protección social a través de un programa conjunto llamado “Cerrando brechas: Protección social para las mujeres en México”, el cual es financiado mediante el Fondo Conjunto de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (United Nations Joint SDG Fund, en inglés); e implementado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La estrategia de protección social ampliada que se impulsa permitirá que las jornaleras agrícolas conozcan, exijan y ejerzan sus derechos laborales, de salud y educación. También posibilitará que las empresas y el Gobierno promulgar políticas y programas para garantizar el ejercicio de estos derechos.
Si las mujeres de las zonas rurales tuvieran el mismo acceso a los recursos agrícolas, la educación y los mercados que los hombres, se podría aumentar la producción de alimentos en las cadenas de valor y reducir el número de personas que padecen hambre.
Ceferina Apreza quiere que más personas reconozcan esta esencial labor.
“Que vean el trabajo y esfuerzo que hacemos (las jornaleras) porque no es muy poco, es mucho, nosotras estamos aquí trabajando por México, para mejorarlo”.
Una versión de este artículo se publicó en español en el sitio web de la FAO en México. Apoyo editorial de Paul VanDeCarr, Oficina de Coordinación del Desarrollo (OCD). Para más información sobre la protección social, visite la web en ingles del Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Joint SDG Fund. Para saber más sobre los resultados de nuestro trabajo en esta área y más allá, por favor visite el informe de la presidenta del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible sobre la OCD.
